"Los presupuestos, tanto en el Congreso como en el Parlamento de Cataluña, no deben servir para confrontar territorios ni colectivos vulnerables y con riesgo de exclusión social, como es el caso de las personas con discapacidad", señala el presidente del comité, Antonio Guillén, quien añade que "deben servir para dar respuesta a las necesidades sociales de la ciudadanía". En cambio, continúa, "se han convertido en un instrumento de confrontación, de intercambio de votos y favores, un triste espectáculo que olvida a las personas, que son las que deberían estar en el centro de la actividad política".

 

En este sentido, la aprobación de los presupuestos en ambas cámaras legislativas debe ser entendida como un acto de responsabilidad compartida de los grupos parlamentarios, tanto en el Parlament de Catalunya como en el Congreso, para avanzar hacia una sociedad más inclusiva. Según Guillén, "sin la aprobación de nuevos presupuestos difícilmente se podrá dar respuesta a los grandes retos de este 2019 como el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la actualización de las tarifas de los servicios de atención a las personas o el despliegue del decreto para una Escuela Inclusiva".

 

Este olvido de las necesidades de las personas ha quedado también patente en la convocatoria de subvenciones del 0,7 por ciento de IRPF destinado a fines sociales; en ella no se ha valorado suficientemente la continuidad de proyectos de atención a las personas en funcionamiento desde hace muchos años y que, hasta ahora, complementaba otras ayudas para unos servicios que tienen unos costes superiores al que abona la Administración. En este caso, las subvenciones suplían la falta de financiación de algunos proyectos y servicios que la cartera de servicios sociales no prevé, ya que no se ha actualizado en los últimos 10 años y, por tanto, no se ajusta a las nuevas necesidades ni al nuevo modelo de atención centrado en la persona.

 

Por este motivo, el Cocarmi insiste en pedir, una vez más, la actualización de la cartera de servicios sociales para que incluya servicios que se están financiando a través de subvenciones, como son los de fisioterapia, logopedia o el apoyo de intérpretes de lengua de signos, entre otros. Además, estos servicios deberían tener suficiente dotación económica para que accedan todas las personas que tienen derecho a ellos, sin dejar fuera a nadie por falta de presupuesto.